Por iniciativa de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
Esta fecha constituye un aporte al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas -catalogado como crimen de lesa humanidad por la OEA y la ONU. Se inscribe, asimismo, en el trabajo que los organismos de derechos humanos realizan para influir en las políticas publicas nacionales e internacionales con el objetivo de prevenir toda forma de autoritarismo y consolidar la vigencia de los derechos y libertades.
En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra, 29 de junio de 2006) se aprobó el proyecto de Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Marta Ocampo de Vázquez, Presidenta de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora y miembro de FEDEFAM y Horacio Ravenna, co-Vicepresidente de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), participaron en representación de todos aquellos que promueven esta iniciativa desde hace 25 años.
47 países aprobaron el proyecto que deberá ser ratificado en la sesión ordinaria que el Consejo tendrá en el mes de septiembre.
En Chile
El 10 de octubre de 2006, fue publicado en el Diario Oficial, el Decreto Nº 121 que fija el 30 de agosto como el Día Nacional del Detenido Desaparecido.
El texto señala que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), integrada por asociaciones de familiares de países de América Latina y el Caribe en que se practicó o se practica la desaparición forzada de personas, estableció el 30 de agosto de cada año como el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
Fueron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile y las otras instancias nacionales que velan por los derechos humanos, quienes solicitaron dicho día como conmemoración nacional.
El fin es contribuir a la reparación y construcción de una memoria histórica común, que evite la repetición de hechos tan dañinos para el país.
Esta fecha constituye un aporte al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas -catalogado como crimen de lesa humanidad por la OEA y la ONU. Se inscribe, asimismo, en el trabajo que los organismos de derechos humanos realizan para influir en las políticas publicas nacionales e internacionales con el objetivo de prevenir toda forma de autoritarismo y consolidar la vigencia de los derechos y libertades.
En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra, 29 de junio de 2006) se aprobó el proyecto de Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Marta Ocampo de Vázquez, Presidenta de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora y miembro de FEDEFAM y Horacio Ravenna, co-Vicepresidente de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), participaron en representación de todos aquellos que promueven esta iniciativa desde hace 25 años.
47 países aprobaron el proyecto que deberá ser ratificado en la sesión ordinaria que el Consejo tendrá en el mes de septiembre.
En Chile
El 10 de octubre de 2006, fue publicado en el Diario Oficial, el Decreto Nº 121 que fija el 30 de agosto como el Día Nacional del Detenido Desaparecido.
El texto señala que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), integrada por asociaciones de familiares de países de América Latina y el Caribe en que se practicó o se practica la desaparición forzada de personas, estableció el 30 de agosto de cada año como el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
Fueron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile y las otras instancias nacionales que velan por los derechos humanos, quienes solicitaron dicho día como conmemoración nacional.
El fin es contribuir a la reparación y construcción de una memoria histórica común, que evite la repetición de hechos tan dañinos para el país.
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