El último caso que nos ha impactado enormemente es el del compañero
Alejandro Castro Castro -dirigente del Sindicato de Pescadores Artesanales S-24
de Quintero y uno de los dirigentes del actual movimiento anticontaminación de
Quintero y Puchuncaví-, quien el pasado 4 de octubre fue encontrado muerto por personal de
Merval, suspendido de una reja emplazada a un costado de la vía
férrea, en la intersección de avenida Errázuriz con Carrera, bajo la dudosa
presunción de suicidio.
También está demostrado que había sido amenazado por funcionarios de carabineros enviados desde Santiago a reprimir las protestas de los pobladores movilizados
desde hace algún tiempo. "Te tenemos fichado", fueron las palabras con las que amenazaron al dirigente durante la jornada del 23 de septiembre.
“No estaba en condiciones de eso; estaba con la bandera de lucha bien puesta, él quería organizar a la gente, tenía muchos proyectos en su mente como para hacer algo así. Aparte que a nadie nos cuadra porque él trabajaba en el mar, él es pescador. Si se hubiese querido matar hubiese agarrado un bote y se habría tirado al mar“, palabras de su viuda, expresadas con la convicción de conocerlo más que nadie.
En el último tiempo, las movilizaciones en Quintero y en Puchuncaví han reflotado el debate en torno a las zonas de sacrificio en Chile, zonas de deterioro ambiental y de la calidad de vida de personas que lo habitan en beneficio de las ganancias de empresas contaminantes. Las cuales han sido puestas en profundo cuestionamiento por una comunidad harta de los efectos perjudiciales y amenazada por episodios de intoxicación en lugares "seguros" como deberían ser las escuelas.
Sin embargo, no es el único caso, cuando decimos diferentes dirigentes, nos recordamos de dos casos bastante marcados:
Dirigente sindical Juan Pablo Jímenez G.
En el 2013 fue asesinado el dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, de la subcontratista Azeta, quien se había transformado en una "molestia" para dicha empresa. El hecho, según la versión oficial, fue explicada con una intrincada e improbable trayectoria de bala, de donde se acuñó el desgraciado término "bala loca" para esconder un asesinato antisindical de parte de la empresa.
Sobre esto, su viuda Ximena Acevedo ha expresado que "la Justicia en Chile no ha hecho nada. La primera investigación da por culpable a un joven de 16 años que en ese minuto no tenía nada que ver. Hablan de que fue una bala loca, pero ni en la mejor película de ficción uno puede encontrar una verdad como esa. En la última audiencia de la primera causa, el fiscal nos dijo que había una verdad judicial por sobre una verdad material; ellos mismos claros que en el papel se podía demostrar esto pero que realmente nadie está convencido que eso fue lo que pasó con Juan Pablo."
Incluso, consultada sobre la similitud con el caso de Macarena Valdés, Ximena Acevedo planteó que "No deja de ser doloroso porque una persona que lucha por sus ideales y su gente, que termina asesinada, da una muy mala señal como país. ¿Qué esperamos para el día de mañana? Uno espera que, por ejemplo, el caso de Juan Pablo sea el último, pero la cosa sigue. Esto es amedrentar a quienes están luchando por algo justo, es callarlos."
Dirigente ambientalista Macarena Valdés
El 22 de agosto de 2016 otro caso rompía el aparente velo de impunidad empresarial: en la zona de Tranguil, en Panguipulli, Región de los Ríos, la activista Macarena Valdés fue encontrada muerta en su vivienda y la versión oficial no demoró en declarar que había sido, coincidentemente, un suicidio.
Posteriormente la autopsia demostró que en realidad había sido un
asesinato, cuyo principal sospechoso es una hidroeléctrica contra la cual Valdés venía luchando por las nefastas consecuencias de su instalación.
Según relata su propia familia “el asesinato tiene directa relación
con la lucha indígena y medioambiental que Macarena estaba encabezando en su territorio. Las negligencias del Servicio Médico Legal y la fiscal de turno,
las amenazas de Carabineros en Tranguil días antes y posteriores a su asesinato, y el trato vejatorio a la familia cuando se inicia el proceso
judicial, son algunas de las claras evidencias de que hay intereses político-empresariales que quieren hacer pasar su asesinato como un suicidio”.
Han pasado dos años desde este asesinato y, sin embargo, los culpables siguen
impunes y amparados por el Estado, en la medida que aún se niega a realizar una investigación seria y verídica.
FENATRAL destaca que estos tres líderes eran luchadores, dirigentes sindicales y sociales que se
encontraban enfrentando a los empresarios para mejorar sus condiciones de vida y la de sus compañeros, muertos en extrañas circunstancias mantenidas como
versión oficial por el Estado, asegurando con ello la total impunidad empresarial frente a aquellos que los cuestionan.
Con procedimientos dudosos y con un factor común: luchaban por proteger a los habitantes y la naturaleza como también lo hizo Berta Cáceres (1971-2016), militante ecologista y dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada el 3 de marzo de 2016, con el mismo triste final. Berta Cácere, lamentablemente muerta en vísperas del Día Internacional de la Mujer Trabajadora del 2016.
" Ese mar que tranquilo te baña "
ya no era posible marchar
por él ni caminar sin ser fiscalizado . . . o suicidado.
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