Cuarenta años de sindicalismo.

Sin duda que al recordar el golpe de estado, siempre se viene a la mente el atropello a los derechos humanos más elementales y las atrocidades cometidas por la dictadura y su brazo de la muerte, que sembró en todo el territorio nacional el miedo, el terror, la angustia y la desesperanza.
Pero la dictadura de Pinochet deja otro terrible legado: el retroceso en materia de derechos laborales. El odio a los trabajadores empezó desde el primer momento en que Pinochet tomó el poder a la fuerza. Como testimonio de ello están los bandos militares que se dictaron en contra del sindicalismo y sus derechos desde el mismo fatídico 11 de septiembre.
“Bando Nº12” junta militar septiembre 1973, cancélese la personalidad jurídica de la CUT.
“Bando Nº36” septiembre de 1973, suprímase los pliegos de peticiones,” “elimínese los permisos sindicales".
“Bando militar septiembre 1973”, suspéndase los convenios relativos a salarios beneficios y los reajustes automáticos de pensiones.
“Bando militar octubre 1973”, ordénese en 2 días la renovación de directivas sindicales en todo el país.
“Decreto Ley 133, diciembre 1973”, ordénese la disolución de la CUT y la conculcación de su patrimonio.
“Decreto Ley 189 diciembre de 1973”, limítese las reuniones sindicales sólo para tratar temas relativos al sindicato con autorización previa y con la presencia de representantes de las fuerzas armadas o carabineros.
Los bandos dan cuenta de que Pinochet tenía claro que una organización sindical fuerte era un peligro para sus planes de eternización en el poder y por ello, desató la más cruel represión contra los sindicalistas y dictó el Decreto Ley 2200 con el que eliminó los tarifados nacionales y redujo el rol de las organizaciones intermedias, luego quitó la personalidad jurídica a la confederaciones y conculcó sus bienes.
En los 80 implantó el plan laboral, cuyo autor intelectual fue el ministro del trabajo de la época, José Piñera, el mismo que luego se dio a la tarea de cambiar el sistema de pensiones, imponiendo por decreto las AFPs. Así, con bandos y decretos borró los derechos laborales y previsionales logrados en más de medio siglo de lucha sindical.
Han pasado cuarenta años del golpe y los derechos laborales arrebatados permanecen sin respuesta. Las reformas que se han hecho no han significado cambios en la estructura de las leyes heredadas de ese período negro de la historia de Chile, donde se gobernó con el terror y la fuerza, imponiendo el único argumento que tenían a la mano: el miedo.
Habría que decir también, que todo lo que la dictadura hizo, contó con el beneplácito de la derecha política y los empleadores de la época que se enriquecieron gracias a ello. Luego de recuperada la democracia, ha sido imposible hacer los cambios que los trabajadores en justicia reclaman.
Las leyes de Pinochet han sido el soporte del modelo de explotación para sostener el crecimiento y junto con ello aumenta la desigualdad.
Por su parte el sindicalismo, debilitado por los efectos de la implantación de las leyes que redujeron su capacidad de acción, nunca ha dejado de reivindicar y exigir un nuevo Código Laboral, saliendo una y otra vez a la calle desde el mismo momento en que se implantaron. Primero en la clandestinidad, con la Coordinadora Sindical, luego el Comando de Trabajadores y después refundando la CUT en plena dictadura. Hoy con orgullo podemos decirle al dictador que la CUT que persiguió y quiso matar, goza de buena salud.
La tarea ahora es seguir adelante, luchando para eliminar el plan laboral de la dictadura, con la fuerza y la mística heredada de los sindicalistas que fueron asesinados, torturados relegados y perseguidos por luchar por un trabajo y un salario digno y junto a ellos decir: Aquí estamos y no vamos a esperar otros 40 años

 ¡La historia es nuestra!

Fenatral hace propio y comparte con sus seguidores este documento recibido desde el secretario general de la CUT, y que ejemplifica claramente por lo que ha pasado el movimiento sindical.  Documento que complementamos con la visión económica de acuerdo a lo expresado por Fundación Sol en su página web. 

La violencia estructural y cotidiana a 40 años del golpe

En esta conmemoración de los 40 años del golpe militar, los horrores físicos de la dictadura, asociados a la represión, las detenciones, la tortura, los asesinatos y desapariciones, colman la agenda pública y exigen con toda razón reconocimiento y condena, pues esa brutalidad no ha sido suficientemente justiciada. Con todo, ese aspecto toca la fibra más sensible, la emotividad asociada a la espectacularidad del mal, y con el tiempo se ha transformado en objeto generalizado de rechazo. Hoy en día los propios canales de televisión han tratado extensamente los hechos de sangre y personajes políticos de diversa índole se inclinan a pedir perdón en una tentativa simbólico-reparativa. Se genera así una operación de cierre interpretativo de esta suerte de "episodio negro" de la historia.
Pero hay otra dimensión de la dictadura, más profunda y convenientemente menos tratada, que permanece tras bambalinas y al margen de los reconocimientos: el modelo económico-social instaurado desde 1973 y todavía vigente. Se trata de una dimensión que no concierta el rechazo enérgico y común de la elite, pues la misma se ha beneficiado celosamente de él. Chile se adelantó en 10 años y de la forma más radical a las reformas del Consenso de Washington, privatizando los bienes comunes, abandonando al trabajo como centro de la estrategia de desarrollo y transformando al país en el más financiarizado de América Latina. Adopta así una arquitectura institucional y productiva que recrea una sociedad violenta, con sus propios horrores - aunque menos vistosos-, donde la mayoría de la población carece de las tranquilidades económicas mínimas y se encuentra asediada por el estrés, la angustia cotidiana de la deuda y el trabajo no valorizado, mientras, una minoría privilegiada goza de un traje a la medida y vive como en Suiza (Chile tiene más multimillonarios que países como Suiza, Austria, Dinamarca, Holanda, Noruega y Finlandia, entre otros. Además, en comparación con los países que cuentan con mediciones, el 1% más rico de Chile se lleva el mayor porcentaje de la renta nacional. En contraste, el 75% de los trabajadores gana menos de $437.000).
Esa realidad no puede ser comprendida sin dar centralidad al conflicto capital-trabajo. En efecto, en los años que antecedieron al golpe hubo un incremento de la participación de los trabajadores y sectores populares en las decisiones sobre la producción, la distribución de las ganancias, el destino del país y de sus propias vidas, lo que significó una amenaza política y económica para los intereses empresariales. Esto es lo que se intenta desbaratar. Dentro de los múltiples dispositivos dictatoriales, destacan dos que tuvieron especial relación con desarmar ese poder conquistado y propiciar la acumulación de grandes capitales: el Plan Laboral, que prohíbe la negociación colectiva por rama y permite el reemplazo de trabajadores en huelga, y el sistema de AFP, que privatiza las pensiones e inyecta sendos recursos frescos al empresariado. Luego de varias décadas de mantención y perfeccionamiento de estos dispositivos, los resultados hoy caen de maduros y hacen gala de un mínimo poder sindical, una extensa precariedad y una honda desigualdad. Así, contra una visión "episódica" de la dictadura, nos convoca la denuncia de esa violencia estructural y cotidiana que aún nos rodea y que arrebata el valor del trabajo. Porque lo que está en juego con esto, es el valor de nuestra propia humanidad.