El Acuerdo de Copiapó

ASAMBLEA SINDICAL Y SOCIAL PERMANENTE: EL ACUERDO DE COPIAPÓ
Desde el momento en que el movimiento sindical tomó conocimiento de la tragedia de la Mina San José, ha estado en permanente vigilancia, atento y siguiendo hora a hora el desarrollo de los acontecimientos.
En tal sentido, entregamos nuestra mayor solidaridad a las familias de nuestros compañeros atrapados, apoyamos las acciones emprendidas por el Sindicato Nº 2 de Minera San Esteban Primera SA, en definitiva expresamos nuestro respaldo a todas las familias de todas las víctimas de accidentes del trabajo, y al conjunto los trabajadores mineros de Chile y la región de Atacama.
Demandamos, en primer lugar, la urgente necesidad de mantener y agilizar el rescate de nuestros 33 compañeros atrapados en la Mina San José, cuyo objetivo no debe escatimar recursos, tanto humanos como económicos, que permitan el más pronto retorno a sus hogares, y puedan así recibir el abrazo fraterno y solidario de sus compañeros: los trabajadores.
Desde este punto de vista, exigimos del Estado garantizar la seguridad social y laboral de todos los trabajadores y mejorar las condiciones económicas que aseguren así la sobrevivencia, en particular, de las familias de las víctimas del derrumbe en la mina San José.
Convocadas por la tragedia, que a diez días de sucedida, todavía tiene a 33 de nuestros hermanos atrapados en la mina San José, las organizaciones sindicales y sociales que suscriben, reunidas en asamblea el viernes 13 de agosto en la Universidad de Atacama, en la ciudad de Copiapó, han acordado publicar el siguiente comunicado:
1.- Ante tragedia que nos ha reunido, las organizaciones sindicales y sociales participantes consideran impostergable e ineludible mejorar de manera cualitativa las condiciones de seguridad en que se desenvuelven las faenas mineras en Chile.
Para ello, proponemos las siguientes medidas inmediatas:
1.1.- Exigir que el Estado de Chile ratifique de forma inmediata el Convenio 176 de la OIT, y su Recomendación 183, sobre Seguridad y Salud en las Minas.
La ratificación de este convenio y sus recomendaciones tendría los siguientes efectos:
- Incorporaría en la legislación chilena, con categoría constitucional, las normas sobre seguridad y salud en el trabajo minero, las que además de estar contenidas en diversas normas con rango de ley, gozarían también de protección constitucional, estando facultadas las eventuales víctima utilizar los mecanismos previstos en este convenio, en materia de protección, de derechos de rango constitucional.
- Le exigiría al Estado contar con mecanismos que contemplen el reconocimiento de la protección establecida en las normas previstas en el Convenio, de este modo la OIT se convertiría en una organización internacional capaz de fiscalizar las acciones del Estado chileno, para impulsar la adecuada ejecución del Convenio 176 y sus recomendaciones.
- Le reconoce a los trabajadores importantes derechos de participación en cuestiones en las cuales son los principales involucrados; incluido el derecho de paralizar faenas que representen riesgos laborales evidentes.
1.2.- Exigir, al Estado de Chile, que dote de mayores atribuciones y recursos a los servicios públicos encargados de la supervisión y regulación, en particular en los Ministerios de Minería, del Trabajo y de Salud; tales como el Servicio Nacional de Geología y Minas (SERNAGEOMIN), la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud en las distintas regiones del país.
Sin atribuciones y recursos, la actuación de esta institucionalidad no pasa de ser gestos formales que agravan las injusticias, y las leyes del país no son más que letra muerta.
Como es sabido, y reconocen los propios funcionarios de SERNAGEOMIN, este servicio no cuenta con un número apropiado de fiscalizadores, lo cual impide desarrollar una acción preventiva y de vigilancia cercana y efectiva a la actividad minera, como lo establece inequívocamente el Código de Minería y el Reglamento Minero.
1.3.- Esta asamblea ha determinado, y exige, que se hace indispensable establecer, con claridad, las responsabilidades involucradas en todos los niveles, y espera que las sanciones sean ejemplarizadoras, incluidas aquellas de carácter criminal, de forma que contribuyan a evitar la repetición de siniestros como el que nos convoca o, como por ejemplo, la sumatoria de 14 muertos por accidentes laborales que suma CODELCO División el Teniente durante la presente administración.
2.- Esta asamblea entiende que el siniestro de la mina San José es una consecuencia largamente denunciada por los trabajadores, de un sistema económico y una legislación que pone en el centro la rentabilidad privada por sobre la vida, los derechos y la salud de la clase trabajadora: precisamente, la que genera estas utilidades.
Nuestra asamblea consideró que esta situación no podrá ser modificada sin cambios de fondo en el actual marco legal e institucional.
Esta asamblea concordó en exigir la necesidad de los siguientes cambios de fondo:
2.1.- Derogación de la actual legislación laboral, establecida y heredada desde la dictadura y su reemplazo, por otra que regule a favor del trabajo, en lugar del capital.
Como prioritario, la asamblea acordó exigir al Estado el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, en particular en la sindicalización, el derecho a huelga y la negociación colectiva.
2.2.- Demandamos una Política Nacional de Desarrollo Minero que contemple como primer punto la renacionalización de los recursos mineros.
La renacionalización de la minería, y en primer lugar del cobre, significaría nuevos recursos que se distribuirían con criterio de equidad social, y que pertenece a todos los chilenos. Estos recursos se deberían invertir en proyectos en pro de un desarrollo productivo sustentable en el largo plazo. La renacionalización del cobre no es una utopía, el Presidente Salvador Allende lo logró tras una batalla que tomó cincuenta años.
Con una Política Nacional de Desarrollo Minero, hechos ocurridos como los de la mina San José no podrían tener lugar, porque el Estado tendría tuición sobre la mediana minería, para que gestionen con seguridad, responsabilidad, eficiencia y profundo criterio social.
Con una Política Nacional de Desarrollo Minero se reducirían las dificultades que hoy vive la minería artesanal, al tiempo que se habría evitado el cierre de los yacimientos carboníferos en el Golfo de Arauco.
2.3.- Tanto la renacionalización del cobre como la derogación de la legislación laboral no son posibles dentro del actual marco legal e institucional: se requiere un proceso legislativo profundo y urgente.
La asamblea consideró que para producir este cambio es ineludible una Asamblea Constituyente que abra paso a una nueva Constitución, democráticamente discutida y sancionada por el pueblo de Chile.
La asamblea entiende que se trata de procesos que sólo pueden ser impulsados por mayorías políticas amplias, en el marco de procesos políticos que podrían ser de largo aliento, y que pueden coexistir con las reformas que son posible hacer de inmediato, siempre orientadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, con la acumulación de fuerza para emprender los cambios de fondo, tan pronto una correlación lo permita.
En ese transitar, la asamblea estimó necesario reforzar plataformas programáticas que contienen estas propuestas, como el Pliego de Chile, impulsado por la CUT.
3.- La asamblea consideró indispensable dotarse de un plan de movilización, para difundir este programa y defender los derechos de los trabajadores, amenazados por un Gobierno que se propone profundizar el perfil empresarial de gestión y el sistema económico neoliberal.
Este plan supone articulación y horizonte estratégico. Nuestra asamblea considera que no basta con acciones puntuales, que se agoten una vez producidas.
Se trata de concebir un plan que por un lado, sea capaz de sustentarse en el tiempo, y que por otro, sea realista, en el sentido de considerar las diversas capacidades, volúmenes y condiciones de las distintas organizaciones.
Cabe consignar que el plan de acción y movilización considerado por esta asamblea considera la posibilidad de participar en una convocatoria tendiente a un paro nacional.
Esta articulación, supone coordinación con otros sectores afectados de distintas maneras por el mismo modelo económico existente, lo que esta asamblea considera fundamental. Sin ir más lejos, hoy en el país se están movilizando los funcionarios públicos, los trabajadores de la salud, los profesores, los trabajadores de la educación y los estudiantes. Los funcionarios públicos están en disposición de convocar un paro nacional en el curso del mes de agosto. Las organizaciones que lo estimen conveniente, pueden adherir de diversas formas a esta movilización.
La asamblea consideró que para difundir sus propuestas y coordinar sus acciones, es fundamental romper el bloqueo informativo.
Un camino viable es coordinar y compartir contenidos entre las diversas plataformas de comunicación, incluidas las electrónicas de que disponen la mayoría de los sindicatos y organizaciones participantes en la asamblea, de forma de ir conformando una amplia red social de comunicaciones, de alcances cada vez más vastos focalizada hacia las bases de cada organización sindical.
4.4.- La asamblea, de forma respetuosa, pero con firme convicción, acordó avanzar hacia formas crecientemente avanzadas de coordinación y articulación entre las organizaciones representadas. La asamblea entiende que la unidad entre las organizaciones de distinto tamaño, fines e intereses, es un proceso complejo. Pero nada impide mejorar la coordinación, por ejemplo, responder con fuerza ante los atropellos a los derechos de los trabajadores, o ante un terrible suceso como el que nos convoca.
En ese sentido, la asamblea informa con satisfacción, que uno de los principales acuerdos de la misma, fue la generación de una instancia de coordinación, que se propone reunirse en forma periódica, y por lo pronto, en el próximo encuentro de la minería, el 28 y 29 de agosto, en Antofagasta.
Llamamos al conjunto de organizaciones sindicales y sociales a hacer efectivas estas resoluciones y comprometer nuestro mayor esfuerzo para avanzar en mejores derechos y justicia para el conjunto de los trabajadores de nuestro país.
5.- Esta asamblea saluda todas las formas de solidaridad que se han hecho presente para expresarlas a los familiares, a los dirigentes sindicales de este mineral y convoca al conjunto del movimiento sindical y social a reforzar los lazos de solidaridad y fraternidad entre la clase trabajadora.
- Valoramos las expresiones de apoyo espiritual por parte de dirigentes religiosos de la iglesia Católica y otras confesiones cristianas.
- Saludamos las gestiones hechas por los Alcaldes y concejales de la región, a los Consejeros Regionales, y de parlamentarios, muy en particular la contribución de aquellos parlamentarios que han mantenido un vínculo cercano al movimiento sindical y social de nuestra región.
Copiapó, 13 de agosto de 2010

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES:
· CUT Provincial Copiapó
· CUT Provincial Chañaral
· CUT Provincial Huasco
· CUT Nacional
· Sindicato de Trabajadores Nº2 de Compañía Minera San Esteban Primera,
· Confederación Minera de Chile,
· Federación Minera de Chile,
· Federación de Trabajadores del Cobre,
· Federación de ENAMI
· Confederación de Trabajadores del Cobre
· Federación de Sindicatos Holding JGG

Fenatral y sus organizaciones afiliadas, comparten en su totalidad este Acuerdo de Copiapó, pone a su servicio este Blog para ayudar a la difusión de éste, y quedamos atentos a la evolución de vuestras decisiones.

Reciban cada uno de los trabajadores afectados, sus familias, amigos y dirigentes sindicales un fraternal abrazo y un sencillo homenaje de Fenatral.