Trabajadores: Los datos de la Precariedad

De acuerdo a la encuesta Casen, ahora en Chile hay medio millón más de personas pobres. De ellas, el 70% son trabajadores. Es decir, gente que recibe un ingreso tan bajo que, a pesar de trabajar, está bajo la línea de pobreza. O dicho de otra manera, en Chile tener trabajo no garantiza no ser pobre.
Una señal de cómo andan las cosas para los asalariados en este país, donde el 20% más rico de la población se lleva el 80% de los ingresos.
El salario mínimo de los trabajadores chilenos es de 172 mil pesos, lo que según diversidad de estudios académicos e independientes no alcanza para pagar arriendos o subsidios habitacionales, escuela o universidad de los hijos, transporte diario, alimentación apropiada, vestuario y qué decir del acceso a la recreación y la cultura.
Las largas y técnicas discusiones sobre el ingreso de los trabajadores llevan a alzas de no más del 3-4 por ciento en los sueldos, contrastante con promedios de 30% de ganancias en el sector privado –bancos, empresas, constructoras, sector agroexportador, minería, forestal, etc.- lo que finalmente no termina por superar los niveles de carencias, pobreza y mala redistribución del ingreso.
Entrevistada por Vivian Lavin en Radio Universidad de Chile, María Ester Feres, Directora del Centro de Relaciones Laborales de la Facultad de Economía de la Universidad Central, manifestó que “en Chile, le hacemos el quite a los salarios éticos y los convertimos en ingresos éticos. Cuando más del 65 por ciento de los chilenos gana menos de dos ingresos mínimos mensuales y el 85 por ciento gana menos de cuatro ingresos mínimos mensuales, surge la pregunta: ¿dónde están los ricos? Pues en el último decil pero además dentro de la primera capa, lo que muestra una polarización total de los ingresos. Una situación vergonzante”.
Rafael Urriola, Director del Programa de Protección e Inclusión Social de Chile 21 indicó que “60% de los pobres trabajan más de 45 horas semanales y, asimismo, cerca del 50% tienen empleos permanentes, es decir, no son temporeros u ocasionales”. Los datos formales apuntan que el 23% de la fuerza productiva chilena concentra más del 60% de los salarios, lo que es considerado una distorsión respecto a lo que debería ser el empleo y salario digno y decente.
Recientemente, un documento interno del Partido Comunista revelaba otras cifras nada de satisfactorias para el mundo del trabajo en Chile. El gobierno de derecha releva que generó más de 400 mil empleos en el último año, algo que según el senador de la UDI, Pablo Longueira, marca un record en las últimas décadas.
Sin embargo, el texto del PC señala que “la realidad es que de esa cifra, 200 mil (empleos) son trabajadores por cuenta propia, 30 mil son (empleos) familiares y 10 mil son empleadas de casa particular”. Se agrega que “sólo 160 mil son asalariados, vale decir, 40 mil menos que lo comprometido por (Sebastián) Piñera”.
Eso da cuenta de realidades de la precariedad del trabajo en Chile: que una inmensa cantidad de ciudadanos labora en empleos propios, informales, familiares, temporales, domésticos, desligados del sector productivo y del ámbito empresarial directo. Por lo tanto, con salarios bajos e inestables, incertidumbre permanente de cesantía, sin contrato laboral y sin acceso a derechos sociales/laborales.
Hay que considerar que paralelo a ello es continua la masa de trabajadores, empleados y profesionales que pasan a la cesantía. El ejemplo más elocuente del último tiempo, el despido de más de ocho mil funcionarios del sector público.
Organizaciones sindicales, entidades académicas y legisladores han planteado también la fragilidad en los derechos laborales de chilenas y chilenos, materializada en situaciones como inhibición a la sindicalización, debilidad en las negociaciones colectivas, despidos “por necesidades de la empresa”, aplicación del MultiRut que permite a una empresa tener varias “razones sociales” y evadir derechos de sus empleados, bajos salarios y reajustes mínimos (a pesar de los márgenes de ganancia del sector privado), inexistencia de contratos de trabajo, extensiones irregulares de jornadas de trabajo, discriminación a las mujeres trabajadoras (se les paga menos que a los hombres cuando realizan la misma actividad y se elude contar con salas cunas), etc.
Según la Encuesta Laboral de la Dirección del Trabajo, un 9.2% de las empresas chilenas utilizan la negociación colectiva y de ese número, sólo el 5.1% tiene sindicatos activos.
De allí que, por ejemplo, se estén promoviendo proyectos de ley para garantizar una negociación colectiva de calidad y real y la sindicalización automática.
De acuerdo a datos manejados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en el país hay una fuerza laboral de 6 millones 700 mil trabajadores, de los cuales 3 millones laboran por cuenta propia y más de 4 millones se pueden considerar asalariados o empleados por alguien. De esa cantidad, están sindicalizados un millón 200 mil trabajadores, lo que se considera una cifra baja, apenas por arriba del 11%. Por lo demás, según la CUT, cada año se cierran o dejan de funcionar dos mil sindicatos, la mayoría pequeños. Índices que explicarían, en parte, la fragilidad en la organización de la masa laboral chilena.
Detrás de las cifras, en este Chile del Siglo XXI que según Piñera llegará al desarrollo en diez años –algún periodista en esa fecha deberá preguntarle qué pasó- se conocen situaciones humanas dramáticas. Trabajadores encerrados de noche al interior de los supermercados, cajeras que deben usar pañales de adultos porque no las dejan ir al baño, temporeras afectadas por químicos usados en la agricultura, decenas de mineros que siguen muriendo en las faenas, niños y jóvenes laborando ilegalmente en todo tipo de empresas y faenas, empleadas domésticas sin contrato y con trato laboral indecente, entre otras situaciones cotidianas presentadas en todo el país.
Cuando ocurrió el derrumbe en la mina San José en Copiapó, y quedaron atrapados 33 mineros, se catapultó a la visibilidad lo que ocurre con los accidentes laborales en Chile. A parte de las pésimas condiciones de los trabajadores en la pequeña y mediana minería, sin olvidar que esa treintena de mineros pasó a tener ciertos ingresos y condiciones positivas, pero más de 300 de sus compañeros quedaron cesantes y ha sido un dolor de cabeza que les paguen las indemnizaciones y lo que les deben.
Las cifras del Ministerio del Trabajo hablan de 400 trabajadores muertos al año en accidentes laborales y el 2011 comenzó con una decena de asalariados fallecidos en faenas o labores en empresas de los ámbitos forestal, pesquero, minero y siderurgia.
Conmueve conocer informaciones como que en la Siderurgia Huachipato hasta abril de este año habían perecido seis trabajadores, el último producido en la línea Zinc Alum. O cuando Agustín Latorre, de la Federación Minera, reportó que desde el caso de los 33 mineros de San José, han muerto en faena, 40 trabajadores del sector minero. Y los trabajadores forestales muertos en faenas.
Las peticiones del mundo del trabajo, incluidos especialistas en salud laboral, no encuentran respuesta concreta del Ejecutivo ni del Legislativo, en torno a propuestas como aumentar la inversión en prevención, proveer al Estado de más y mejores normas de fiscalización y regulación, potenciar los controles reales con personal capacitado y tomar medidas como elevación del monto de las multas por infringir normas de seguridad laboral (las actuales son casi irrisorias) o sancionar con penas de cárcel.
Botón de muestra de que en este ámbito no se avanza lo requerido y lo prometido, fueron unas cartas enviadas a Sebastián Piñera por la Confederación Sindical Internacional, la Unión General de Trabajadores de España, la Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía y Minas y la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, donde expresan su inquietud por las promesas que oyeron del Mandatario a través de la BBC, sobre seguridad laboral y minera y respeto al Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “En Chile no se está cumpliendo con esto”, se dijo en las misivas. Se indicó que “cuando los medios de comunicación mundiales seguían enfocados en Chile, el Presidente Piñera se comprometió a reformar las endebles legislaciones sobre seguridad minera de Chile en un plazo de 90 días y a ratificar el Convenio de la OIT sobre seguridad en las minas. Pero nada ha cambiado todavía”.
El gris panorama del mundo del trabajo –donde parece que tendrá que pasar mucho tiempo y muchas cosas para que tome otro tono- puede estar en el origen del aumento de conflictos y movilizaciones de los asalariados y movimientos sociales durante el 2010.
Las cifras de la Dirección del Trabajo revelaron que la economía nacional perdió 333 mil días/hombre por paralizaciones y manifestaciones, más de la mitad de lo registrado en 2009. En 2010 hubo 173 huelgas o paros, en las que participaron más de 31 trabajadores y empleados. Hubo un promedio de duración de 12 días. En relación al inicio de la década, el año pasado hubo 50 huelgas más que el 2000 y en paro y conflictos laborales participaron unos 18 mil trabajadores más que en ese año.
Parece constatable una notoria precariedad en un pilar de cualquier sociedad: los trabajadores.-

Hugo Guzman R. Periodista, (Reporte. Stgo. 1/5/2011)
http://www.reporte.cl/principal/index.php?option=com_content&view=article&id=92&catid=42
http://alainet.org/active/46372&lang=es
Fenatral, expone en a través de nuestro Blog, este estudio de Hugo Guzmán R., por considerar interesante la información entregada, elementos que no se diferencian mucho de la realidad que tenemos cercana en nuestros sindicatos y en las empresas prestadoras de servicio, o de trabajo transitorio, ETT. Hacemos un llamado a nuestros dirigentes, como líderes de opinión a analizar las cifras, complementar y validar la información, y compartirla con el resto de los trabajadores, y en su ámbito social y ciudadano.